Año: 2012
El carácter orgánico de un Decreto con fuerza de Ley (no habilitado) para la gestión comunitaria que arrasa lentamente con los Poderes estadales y municipales de la Constitución
La participación protagónica como derecho constitucional del ciudadano venezolano no se discute, tiene consagración expresa en el artículo 62 constitucional. La participación abarca la formación, ejecución y control de la gestión pública, exigiendo que su ejercicio en los asuntos públicos, sea siempre de naturaleza libre. La supremacía de la Constitución somete al Poder Público (Poder Nacional, Poder Estadal y Poder Municipal) al logro de la descentralización y obliga a la ley a establecer los mecanismos abiertos y flexibles para la transferencia a las comunidades y grupos vecinales organizados a los fines que ellos presten los servicios y los gestionen (artículo 164 constitucional). Corresponde a Asamblea Nacional preservar la estructura y organización del Poder Público así como la libertad de participación de la población en la gestión pública. Por tanto, obligar por Ley (Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Asignaciones) a transferir de manera obligada las competencias del Poder Público y exigir como obligación para participar pertenecer a organizaciones de un sistema económico comunal, en el marco de un modelo productivo socialista, hace que esta Ley no sea desarrollo del derecho a la participación sino por el contrario lo … Más
La regulación de la reserva del Estado de las actividades de exploración y explotación del oro, así como las conexas y su impacto sobre los medios de resolución de controversias
La nueva regulación de la actividad minera del oro ha implicado su estatización, la extinción anticipada de los títulos jurídicos habilitantes, la obligación de migrar de los operadores de sociedades privadas a sociedades mixtas, mediante la cesión forzosa al Estado de un porcentaje mayoritario de sus acciones y la pretendida modificación unilateral de los medios de resolución de controversias.
Reflexiones sobre el nuevo régimen para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones
El artículo analiza el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones, en el marco del “nuevo” concepto de descentralización bajo el Poder Popular.
El Decreto que reservó al Estado la actividad minera del oro
En septiembre de 2011, fue publicado en la Gaceta Oficial el Decreto mediante el cual fueron reservadas la exploración y explotación del oro, así como otras actividades relacionadas, para su ejercicio exclusivo por el Estado venezolano, directamente o mediante Empresas Mixtas en las cuales el Estado tenga, por lo menos, el 55% del capital. Luego de un período de negociación, que concluyó en marzo de 2012, las concesiones, contratos y demás autorizaciones para el ejercicio de actividades mineras del oro que existían en Venezuela, quedaron extinguidos, tanto si sus titulares llegaron a acuerdos para migrar a Empresas Mixtas como en caso contrario, de pleno derecho. El Decreto establece un monopolio de la comercialización del oro en favor de la República.
Las Leyes pluviosas de los años XI, XII y XIII (Algunas consideraciones en torno a la Ley Habilitante de 17-12-10)
El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
Comentarios sobre el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones
El presente trabajo en forma crítica explica los aspectos más relevantes del reciente Decreto-Ley para la gestión comunitaria de competencias, servicios y otras atribuciones, particularmente en cuanto a la modificación del sistema político territorial que de dicha normativa se deriva, que según el autor viola la Constitución venezolana al sustraer competencias de los poderes municipales y estadales. El artículo comienza con una pregunta: ¿Hay Alcalde en la Habana? Ello, a los efectos de comparar la nueva normativa venezolana con la cubana en cuanto a la eliminación de Alcaldías y Gobernaciones para transformar el Estado en una estructura basada en el “poder popular”. El autor considera que el concepto de “poder popular” disfraza la centralización en el Poder Nacional de las competencias descentralizadas por la Constitución a Alcaldes y Gobernadores. La normativa establece que es el Consejo Federal de Gobierno, órgano del Poder Nacional, el que controla el proceso de descentralización de funciones a las organizaciones ciudadanas, cuando la Constitución establece que la descentralización es más bien del Poder Nacional al Local y autónomamente del poder local al ciudadano y nunca bajo el control del Poder Nacional. El artículo culmina haciendo un llamado a los sobre la inconstitucionalidad de esta nueva … Más
La crisis del Derecho Tributario: El caso del BANAVIH
Este trabajo se refiere a la crisis del Derecho Tributario venezolano provocada por la Ley del BANAVIH, y a las consecuencias jurídicas que surgen de esta situación.
Decretos-Leyes dictados por el Presidente de la República, con base en Ley Habilitante, en el período 2010-2012
El trabajo recopila los decretos leyes dictados por el Presidente de la República en el período 2010-2012, con motivo de la habilitación para legislar que recibió de la Asamblea Nacional. Se divide en cinco partes, en las cuales se podrán observar los decretos por orden cronológico y por materia, relaciones gráficas temporales y por contenido, y, finalmente, el texto de la Ley Habilitante del año 2010.
El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones o la negación del federalismo cooperativo y descentralizado
Las presentes notas van dirigidas al análisis puntual del más reciente de los textos normativos dictados para integrar el orden jurídico para una pretendida transición al socialismo. Se trata del texto normativo con el que más efectivamente pudiera llevarse a cabo el definitivo desmantelamiento del Estado federal cooperativo previsto en la Constitución –si es que no es enfrentado jurídica y democráticamente–, desde luego que con él se pretende normar el traslado progresivo de competencias y servicios, desde las entidades político–territoriales previstas en la Constitución hacia las nuevas estructuras creadas por ese orden jurídico para la transición, estructuras estas cuyas futuras actuaciones se vislumbran como absolutamente sometidas al poder central. Nos referimos al Decreto Presidencial Nº 9.043, mediante el cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 6.079, Extraordinario, del viernes 15 de junio de 2012. En tal análisis lo que nos proponemos es reflexionar sobre dos ideas muy concretas sugeridas por la atenta lectura del citado Decreto Ley a la luz de las regulaciones contenidas en otras de las denominadas Leyes del Poder … Más
El Decreto Nº 9.048 sobre el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. “Aspectos tributarios”
En el presente trabajo se repasan las regulaciones normativas anteriores a la vigente, del régimen prestacional de vivienda y hábitat, así como la jurisprudencia que fue pacífica y reiterada sobre el carácter tributario del aporte, y la nueva jurisprudencia que desconoce tal naturaleza, para luego hacer unos breves comentarios sobre el Decreto Nº 9.048 y el aporte en cuestión.
Delegación Legislativa y Libertad. La Ley Habilitante de 2010, y su relación con la Libertad
El sofisma de la emergencia generada por la situación de damnificados provocada por una serie de fuertes precipitaciones caídas sobre el territorio nacional desde finales de noviembre de 2010, sirvió de base al Poder Ejecutivo para, en concierto con el Poder Legislativo y con [pretendido] fundamento en los artículos 203 y 236.8 de la Constitución, defraudar la ratio y el telos de la Ley Fundamental, al punto de hacer nugatorios sus principios fundamentales, especialmente (i) el carácter jurídico del Estado, en tanto su poder debe estar sometido a límites precisos; y (ii) su carácter democrático, en cuanto el ius imperium tiene su fundamento en la soberanía popular –razón por la que aquél se encuentra a ésta sometido–, y en la representación que del pueblo ejerce especialmente el Poder Legislativo, en el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza, hoy, al Estado Democrático de Derecho. Ello se instrumentó por vía del ilícito atípico de «desviación de poder», mediante delegación legislativa amplísima al Ejecutivo en términos que, incluso, asemejan la tristemente célebre Ermächtigungsgesetz, o Ley de Apoderamiento alemana de 1933. El trabajo analiza la relación que la delegación legislativa así concedida tiene con la Libertad, especialmente en lo que –considera– es una … Más
Notas sobre el Consejo de Estado
El artículo intenta describir el régimen del Consejo de Estado según la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica del Consejo de Estado, haciendo referencia a cuales han sido los antecedentes del Consejo de Estado en la historia constitucional venezolana.
Análisis crítico desde la perspectiva constitucional de la nueva Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras
La ley habilitante del 17 de diciembre de 2010 transgredió la arquitectura constitucional al habilitar al Presidente de la República a dictar leyes de distinta naturaleza violentando así los derechos a la libertad, igualdad, seguridad jurídica y participación política. La nueva LOTTT es un caso paradigmático de ello y por tal razón se ha elegido para mostrar tales violaciones.
El derecho ciudadano a la participación popular y la inconstitucionalidad generalizada de los Decretos-Leyes 2010-2012, por su carácter inconsulto
Todos los decretos leyes sancionadas entre 2010 y 2012 en ejecución de la Ley Habilitante de 2012 son inconstitucionales por violación al derecho ciudadano a la participación política, haberse dictado sin realizarse la consulta pública obligatoria que establece la Constitución; y por esa misma razón, son nulos de nulidad absoluta en los expresos términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Pero nada de ello importa ni interesa al régimen autoritario que durante una década gobierna el país.
La Exclusión de la Identidad y la Anulación de la Persona. El Decreto N° 9.051
Se trata de un análisis crítico acerca de los peligros que conlleva la aplicación del Decreto N° 9.051, al permitir y más aún establecer como obligatorio el intercambio de datos nominativos o personalizados de todos los individuos, que se encuentren en poder de las administraciones públicas nacionales, estadales, municipales, centrales y descentralizadas, incluso universidades y asociaciones, sociedades y fundaciones controladas por el sector público, por medio de interconexiones informáticas, en cuanto a la necesidad de respetar el goce pleno del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y del derecho a la identidad.
Perfil del Derecho del trabajo en Venezuela (el Decreto N° 8.938 con rango, fuerza y valor de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras)
El Derecho del Trabajo venezolano se ha caracterizado como un derecho ampliamente proteccionista del trabajador, con visos intervencionistas del Estado en las relaciones individuales y colectivas de trabajo y de escasa cobertura, debido a la informalidad y precariedad del mercado de trabajo; a partir de la vigencia del Decreto 8.938 con fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), sus rasgos son una mayor intervención estatal, acrecentando el poder del Estado en la vida laboral en contravención de los convenios internacionales, mediante la eliminación de los espacios autónomos conquistados en la legislación anterior, además de privilegiar al Estado patrono y discriminar al patrono privado y a los mismos trabajadores y ser represivo de las empresas privadas y sus representantes, temiéndose el incremento del sector informal de la economía, la contratación precaria y la disminución de su cobertura.
Un paso más en la construcción del Estado socialista comunal
Se analiza el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones, destacando su inserción en la estructura del Estado socialista comunal promovido por el conjunto de leyes del poder popular y poniendo de relieve sus principales consecuencias para la institucionalidad establecida en la Constitución.
Breve nota sobre la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación
La Ley analizada abarca el régimen de empleo público de los policías con funciones de investigación. Tal legislación tiene un interesante contenido en materia de ascensos, así como un sistema disciplinario garantista.