Se trata de un análisis crítico acerca de los peligros que conlleva la aplicación del Decreto N° 9.051, al permitir y más aún establecer como obligatorio el intercambio de datos nominativos o personalizados de todos los individuos, que se encuentren en poder de las administraciones públicas nacionales, estadales, municipales, centrales y descentralizadas, incluso universidades y asociaciones, sociedades y fundaciones controladas por el sector público, por medio de interconexiones informáticas, en cuanto a la necesidad de respetar el goce pleno del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y del derecho a la identidad.
