La nueva regulación de la actividad minera del oro ha implicado su estatización, la extinción anticipada de los títulos jurídicos habilitantes, la obligación de migrar de los operadores de sociedades privadas a sociedades mixtas, mediante la cesión forzosa al Estado de un porcentaje mayoritario de sus acciones y la pretendida modificación unilateral de los medios de resolución de controversias.
