Las presentes notas van dirigidas al análisis puntual del más reciente de los textos normativos dictados para integrar el orden jurídico para una pretendida transición al socialismo. Se trata del texto normativo con el que más efectivamente pudiera llevarse a cabo el definitivo desmantelamiento del Estado federal cooperativo previsto en la Constitución –si es que no es enfrentado jurídica y democráticamente–, desde luego que con él se pretende normar el traslado progresivo de competencias y servicios, desde las entidades político–territoriales previstas en la Constitución hacia las nuevas estructuras creadas por ese orden jurídico para la transición, estructuras estas cuyas futuras actuaciones se vislumbran como absolutamente sometidas al poder central. Nos referimos al Decreto Presidencial Nº 9.043, mediante el cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 6.079, Extraordinario, del viernes 15 de junio de 2012. En tal análisis lo que nos proponemos es reflexionar sobre dos ideas muy concretas sugeridas por la atenta lectura del citado Decreto Ley a la luz de las regulaciones contenidas en otras de las denominadas Leyes del Poder Popular. Tales ideas son las siguientes: a) las transferencias de la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos, objeto de la regulación contenida en el Decreto Ley estarán, fundamentalmente, dirigidas no al pueblo organizado sino a esa nueva entidad local prevista en las leyes del Poder Popular, denominada Comuna, configurándose de esa manera como una descentralización absolutamente inconstitucional; y b) lo que está contenido en la regulación objeto del Decreto Ley es, en realidad, una recentralización del poder público disfrazada de descentralización.
