El Decreto-Ley, está dirigido a establecer los principios, normas, procedimientos y mecanismos de transferencia de la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos, del Poder Público Nacional y de las entidades territoriales, al pueblo organizado. Si bien es cierto que la Carta Magna orienta el proceso de transferencias de servicios a la comunidad, la instrumentación de tal política en el Decreto-Ley, bajo una modalidad sesgada ideológicamente (socialista); condicionada, además, al sujetarse la participación ciudadana a la previa aprobación de las autoridades del Poder Central; así como utópica, al atomizar, a un nivel tal, la atención de materias de alta complejidad que ameritan responder a lineamientos uniformes y coherentes, así como a una verdadera integración institucional; genera serias reservas en cuanto a su legitimidad, eficacia y validez.
