En septiembre de 2011, fue publicado en la Gaceta Oficial el Decreto mediante el cual fueron reservadas la exploración y explotación del oro, así como otras actividades relacionadas, para su ejercicio exclusivo por el Estado venezolano, directamente o mediante Empresas Mixtas en las cuales el Estado tenga, por lo menos, el 55% del capital. Luego de un período de negociación, que concluyó en marzo de 2012, las concesiones, contratos y demás autorizaciones para el ejercicio de actividades mineras del oro que existían en Venezuela, quedaron extinguidos, tanto si sus titulares llegaron a acuerdos para migrar a Empresas Mixtas como en caso contrario, de pleno derecho. El Decreto establece un monopolio de la comercialización del oro en favor de la República.
