El presente trabajo en forma crítica explica los aspectos más relevantes del reciente Decreto-Ley para la gestión comunitaria de competencias, servicios y otras atribuciones, particularmente en cuanto a la modificación del sistema político territorial que de dicha normativa se deriva, que según el autor viola la Constitución venezolana al sustraer competencias de los poderes municipales y estadales. El artículo comienza con una pregunta: ¿Hay Alcalde en la Habana? Ello, a los efectos de comparar la nueva normativa venezolana con la cubana en cuanto a la eliminación de Alcaldías y Gobernaciones para transformar el Estado en una estructura basada en el “poder popular”. El autor considera que el concepto de “poder popular” disfraza la centralización en el Poder Nacional de las competencias descentralizadas por la Constitución a Alcaldes y Gobernadores. La normativa establece que es el Consejo Federal de Gobierno, órgano del Poder Nacional, el que controla el proceso de descentralización de funciones a las organizaciones ciudadanas, cuando la Constitución establece que la descentralización es más bien del Poder Nacional al Local y autónomamente del poder local al ciudadano y nunca bajo el control del Poder Nacional. El artículo culmina haciendo un llamado a los sobre la inconstitucionalidad de esta nueva normativa.
