Todos los decretos leyes sancionadas entre 2010 y 2012 en ejecución de la Ley Habilitante de 2012 son inconstitucionales por violación al derecho ciudadano a la participación política, haberse dictado sin realizarse la consulta pública obligatoria que establece la Constitución; y por esa misma razón, son nulos de nulidad absoluta en los expresos términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Pero nada de ello importa ni interesa al régimen autoritario que durante una década gobierna el país.
