La institucionalidad pública se genera a través de la confluencia de un conjunto de factores de diversa índole que representan la expresión de las demandas sociales para la satisfacción de necesidades colectivas, dentro del marco de valores culturales presentes en la Sociedad, no como efecto de decisiones singulares y personalistas; por ello, lo esencial de las instituciones se ubica en los principios que acompañan su origen y evolución, y en consecuencia, su estudio y adecuada comprensión impone el conocimiento y la permanente revisión de los mismos, para evitar el análisis superficial y contingente anclado en la exégesis de las decisiones normativas. En este sentido, la institución municipal constituye un ejemplo paradigmático de institucionalidad pública, que ancla sus raíces en etapas históricas anteriores al surgimiento del Estado -y en cierta forma es un aporte significativo a su existencia-, proyectando su presencia y su eficacia a través del tiempo, mediante las adaptaciones y ajustes que encuentran soporte, precisamente, sus principios fundamentales, asociados a categorías tales como autonomía y democracia, que en definitiva son expresión de la libertad, como valor esencial de la naturaleza humana, de donde deriva su intemporalidad imperecedera, que recobra vigor frente a las amenazas de diversa índole, profundidad y extensión que han aparecido esporádicamente, teniendo por lo general su origen en apetitos totalitarios, con consecuencias perturbadoras para los ciudadanos y las comunidades.
