Autor: Armando Rodríguez García

La institucionalidad pública se genera a través de la confluencia de un conjunto de factores de diversa índole que representan la expresión de las demandas sociales para la satisfacción de necesidades colectivas, dentro del marco de valores culturales presentes en la Sociedad, no como efecto de decisiones singulares y personalistas; por ello, lo esencial de las instituciones se ubica en los principios que acompañan su origen y evolución, y en consecuencia, su estudio y adecuada comprensión impone el conocimiento y la permanente revisión de los mismos, para evitar el análisis superficial y contingente anclado en la exégesis de las decisiones normativas. En este sentido, la institución municipal constituye un ejemplo paradigmático de institucionalidad pública, que ancla sus raíces en etapas históricas anteriores al surgimiento del Estado -y en cierta forma es un aporte significativo a su existencia-, proyectando su presencia y su eficacia a través del tiempo, mediante las adaptaciones y ajustes que encuentran soporte, precisamente, sus principios fundamentales, asociados a categorías tales como autonomía y democracia, que en definitiva son expresión de la libertad, como valor esencial de la naturaleza humana, de donde deriva su intemporalidad imperecedera, que recobra vigor frente a las amenazas de diversa índole, profundidad y … Más

La administración es una expresión organizativa y funcional que responde a las necesidades de la vida colectiva, por lo que acompaña las manifestaciones sociales a partir de los grados primarios de complejidad de las comunidades, por lo que su presencia resulta inevitablemente asociada a los valores culturales que construye la sociedad y a los mecanismos de preservación de los mismos. La libertad es uno de los valores esenciales en la sociedad contemporánea, que determina su ascenso humanista, y el Derecho Administrativo, por su parte, aparece como una de las herramientas de mayor eficiencia para garantizar la permanencia, primacía y proyección de la libertad del ciudadano – y con ello, de la Sociedad-, mediante la adecuada organización y funcionamiento del aparato administrativo del Estado a los contornos de la legalidad, para concretar su esencia como un derecho regulador del poder para garantizar la libertad, desplazando el esquema primitivo del autoritarismo personalista.