Desde hace algunos años la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ejerce un cuestionable control sobre la ejecutabilidad de las decisiones tomadas, dentro del marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, dictando sentencias que han declarado la inejecutabilidad de tales decisiones, contrariando el “self-executing”, sugiriendo al Poder Ejecutivo la denuncia del tratado. Haciéndose eco de ello, el Gobierno manifestó su interés en efectuar esa denuncia, fundado en arcaicas nociones de soberanía y en desconocimiento de la “lex universalis” de los derechos humanos, llegando a constituir por primera vez al Consejo de Estado, para su consideración. Se expresan argumentos demostrativos de la antijuridicidad e inmoralidad de la denuncia.
