Autor: José Ignacio Hernández González
Reflexiones sobre el nuevo régimen para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones
El artículo analiza el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones, en el marco del “nuevo” concepto de descentralización bajo el Poder Popular.
La regulación de la propiedad privada en el régimen de emergencia de terrenos y vivienda
El artículo analiza la regulación a la propiedad en el régimen de emergencia de terrenos y vivienda, derivados de los Decretos Leyes dictados entre 2010 y 2012.
Treinta años de justicia administrativa en Venezuela. Análisis desde los 124 de la Revista de Derecho Público
El artículo resume la evolución de la justicia administrativa en Venezuela desde 1980 hasta el 2010, de acuerdo con los 124 números de la Revista de Derecho Público.
Estado docente y educación militar. Notas sobre el Plan Integral de Educación Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Desde la perspectiva crítica de la figura del Estado docente, el trabajo analiza el Plan Integral de Educación Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El concepto de Derecho Administrativo y los riesgos a la libertad. Comentarios a la sentencia de la Sala Constitucional de 8 de abril de 2010, caso American Airlines
Se analiza cómo el concepto de Derecho administrativo asumido en la sentencia de la Sala Constitucional de 8 de abril de 2010, caso American Airlines, constituye un riesgo para la libertad.
Los principios de la actividad de intermediación financiera en la reciente jurisprudencia de la sala constitucional
El artículo analiza los criterios de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el marco constitucional aplicable a la regulación bancaria.
La inconstitucionalidad de la competencia del Contralor General de la República para acordar la inhabilitación en el ejercicio de funciones públicas
Este artículo expone las razones por las cuales el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que permite al Contralor declarar la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, es contrario a la Constitución de 1999.