Los recursos administrativos, al menos desde un punto de vista doctrinario, son instrumentos jurídicos que deben ser vistos desde dos ángulos: El primero, siguiendo los principios de jerarquía y de sana administración, son medios que permiten ejercer a la administración el control interno de sus actos. El segundo, son mecanismos de protección de los administrados en pro de la salvaguarda de sus derechos e intereses. En este sentido, los recursos administrativos cumplen una doble función: por una parte sirven para activar el poder de revisión de la administración y en consecuencia, representan mecanismos al servicio del mantenimiento del principio de legalidad. Por otra parte, sirven a los justiciables de instrumentos para materializar su derecho defensa y de esta manera, les permite no sólo asegurar la efectividad de su protección jurídica sino también exigir de la administración el cumplimiento de sus obligaciones.