Este Comentario legislativo se refiere a la irregular, por inconstitucional, designación de los titulares de los órganos del Poder Ciudadano (Fiscal General de la República, Contralor General de la República y Defensor del Pueblo) por parte de la Asamblea Nacional y, en particular, de la última designación efectuada en diciembre de 2007 en abierta violación del derecho ciudadano a la participación política, por la irregular integración del Comité de Postulaciones que de acuerdo con la Constitución debió haber estado integrado exclusivamente por representantes de los diversos sectores de la sociedad, y nunca por diputados y otros funcionarios públicos como el “Consejo Moral Republicano” lo resolvió clandestinamente.