En el artículo se reflexiona detenida y metódicamente sobre diversas medidas estatales que gravan el negocio bancario y le impiden a los accionistas de la banca operar, administrar y disfrutar su inversión. Por la naturaleza de las cosas, esas medidas pudieran llegar a producir efectos análogos a los de una expropiación. A la luz de los Tratados Bilaterales para la Promoción y Protección de Inversiones, se analiza la legalidad de esas medidas y se discurre sobre la consecuente responsabilidad patrimonial del Estado venezolano
