En el artículo se abordan los tres efectos concretos que la protección del bienestar de los consumidores y usuarios produce en la defensa de la libre competencia. El primer efecto atiende a la necesidad de ponderar la capacidad económica del operador investigado para afectar el mercado. El segundo efecto se refiere a la necesidad de atender a la razonabilidad del acto de competencia investigado. Finalmente, en tercer efecto atañe a la necesidad de implementar mecanismos de participación de los consumidores y usuarios en la actividad administrativa de defensa de la competencia
